Entre enero y septiembre de 2023 Colombia fue testigo de 410 feminicidios, con un promedio de 52 casos por mes, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia.
El 55% de estos crímenes involucraron el uso de armas de fuego, siendo julio y agosto los meses más críticos.
Antioquia encabezó la lista de regiones más afectadas con 67 casos, seguida de Bogotá (46) y Valle del Cauca (45), informó la Procuraduría General de la Nación que advirtió de la creciente ola de violencia dirigida contra las mujeres.
El Ministerio Público planteó la necesidad de establecer un Sistema Unificado de Información de Violencias que permita entender la magnitud del problema y tomar medidas preventivas efectivas.
Esto se reportó en el contexto del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el 25 de noviembre.
Adicionalmente, las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses revelaron que entre enero y septiembre de 2023 hubo un total de 36.626 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
De estos, 27,327 fueron casos de violencia de pareja, con la práctica de 16.015 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales. Las ciudades con mayor incidencia fueron Bogotá, Medellín, Cali e Ibagué.
Ante esta preocupante realidad, la Procuraduría estableció 255 agencias especiales de intervención penal, 118 alertas de priorización y 5437 alertas derivadas de casos de mujeres valoradas por Medicina Legal, para una intervención prioritaria por parte del procurador o agente de la personería competente.
La violencia subyacente al feminicidio abarca diversas manifestaciones, desde violencia física y psicológica hasta violencia económica, patrimonial y sexual.
Estas se materializan en formas como la violencia intrafamiliar, explotación sexual, acoso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil y uniones tempranas, entre otras.
La Procuraduría hizo un llamado a la articulación institucional de todas las autoridades, no solo para el registro de cifras y datos que permitan entender los contextos en los que ocurren los feminicidios, sino también para identificar los factores de riesgo.
Esto posibilitará la generación de alertas e información necesaria para la planificación, construcción y ejecución de medidas efectivas de prevención.
Finalmente, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer destacó que estos registros son el resultado de numerosas violencias no visibilizadas, arraigadas en una cultura machista y patriarcal que perpetúa estereotipos y patrones de género. Estos, lamentablemente, persisten en la sociedad, generando violencia.
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